El Gobierno refuerza el apoyo al campo con ayudas extraordinarias por incendios
En un año marcado por la sequía, la subida de costes y los efectos del cambio climático, el Gobierno de España ha dado un nuevo paso en apoyo al sector primario. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece ayudas directas para unos 4.000 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2025, entre ellos productores de Castilla-La Mancha, una de las comunidades más castigadas por las llamas.
El presupuesto global se estima en 27 millones de euros, que serán gestionados de forma automática por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Esta medida busca agilizar la llegada de fondos a los profesionales del campo sin que sea necesario realizar trámites, evitando así demoras administrativas en un momento especialmente delicado para muchas explotaciones.
Ayudas automáticas y complementarias al seguro agrario
Las ayudas aprobadas tendrán carácter directo y de concesión de oficio, lo que significa que no será necesario solicitarlas. El Ministerio cruzará los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) con los de la Agencia Tributaria para identificar a los titulares de explotaciones con ingresos agrarios superiores a 1.000 euros en 2024 y que hayan resultado afectados por los incendios.
La cuantía de la ayuda se calcula como el 20 % de los ingresos agrarios declarados, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros. En el caso de agricultores y ganaderos que tengan contratado un seguro agrario y hayan recibido una indemnización por daños causados por los incendios, el límite máximo se eleva hasta 16.000 euros.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, destacó que se trata de una medida “eficaz, ágil y complementaria”, que pretende facilitar liquidez inmediata a las explotaciones afectadas, independientemente de las compensaciones del seguro o de las ayudas autonómicas.
Además, el real decreto eleva la subvención a la contratación del seguro agrario hasta el 70 % del coste de la póliza, reforzando el papel del sistema de seguros como herramienta esencial de estabilidad en el sector.
Castilla-La Mancha, entre las regiones más afectadas
Castilla-La Mancha ha sido, junto con Andalucía, Extremadura y Castilla y León, una de las comunidades más afectadas por los incendios forestales de 2025. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), 224 municipios españoles se han incluido en la lista de territorios con derecho a recibir estas ayudas, de los cuales varios pertenecen a Toledo y Guadalajara.
Entre ellos destacan Talavera de la Reina, Calera y Chozas, Méntrida o Valmojado, localidades que sufrieron graves daños en superficie cultivable, explotaciones ganaderas y zonas de monte agrícola. En estos municipios, las pérdidas no se limitan solo a los cultivos o el ganado, sino también a infraestructuras rurales, instalaciones de riego y maquinaria.
Para los agricultores y ganaderos castellanomanchegos, esta ayuda supone un balón de oxígeno necesario para mantener la actividad productiva y recuperar el terreno perdido. En muchos casos, las explotaciones familiares afrontan elevados costes de recuperación de cercados, plantaciones y equipamiento, por lo que esta compensación, junto con el seguro, ayudará a sostener el tejido rural.
Apoyo a los nuevos agricultores y ganaderos
El real decreto también contempla una ayuda específica para los jóvenes agricultores y ganaderos que inicien su actividad en 2025. Quienes cumplan con la condición de joven en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC y presenten por primera vez la solicitud única en esta campaña, podrán recibir una ayuda fija de 1.500 euros.
Esta medida busca incentivar el relevo generacional en un contexto donde la edad media del titular de explotación supera los 60 años. En Castilla-La Mancha, donde la población rural envejece y muchas explotaciones dependen de mano de obra familiar, estas ayudas pueden marcar la diferencia para quienes deciden emprender en el campo.
Una respuesta rápida y compatible con otras ayudas
Una de las principales ventajas de estas ayudas es su compatibilidad con otras compensaciones, tanto autonómicas como europeas. De hecho, el Gobierno ha solicitado financiación adicional del fondo de reserva agrícola de la Unión Europea, un mecanismo que permite movilizar recursos de emergencia ante crisis climáticas o desastres naturales.
El Ministerio pretende que todas las ayudas estén abonadas antes del 31 de diciembre de 2025, garantizando liquidez a las explotaciones y evitando retrasos como los ocurridos en convocatorias anteriores. La gestión se hará de oficio y las cantidades se ingresarán directamente en las cuentas de los beneficiarios identificados.
El objetivo, en palabras del ministro Planas, es “restablecer la normalidad productiva y económica en el campo español lo antes posible”, y demostrar que la política agraria nacional “está al lado de quienes sostienen el territorio rural con su trabajo diario”.
El reto de la prevención: menos incendios, más gestión del territorio
El aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la prevención activa y la gestión del territorio rural. En Castilla-La Mancha, agricultores y ganaderos desempeñan un papel esencial como guardianes del paisaje, ayudando a mantener limpias las masas forestales y a reducir el riesgo de acumulación de biomasa.
La ganadería extensiva, en especial la de ovino y caprino, contribuye directamente a la prevención de incendios, ya que el pastoreo ayuda a mantener a raya la vegetación. En este sentido, la Junta de Comunidades y las organizaciones agrarias han insistido en que estas ayudas deben ser también una oportunidad para reforzar la colaboración entre administraciones y sector primario en políticas de prevención.
La estrategia pasa por incentivar la actividad agraria sostenible, mantener la rentabilidad del campo y garantizar la presencia de agricultores y ganaderos en zonas de riesgo, porque donde hay actividad agrícola, hay menos abandono y menor riesgo de incendio.
El impacto de los incendios en 2025 ha sido especialmente severo. Se calcula que más de 350.000 hectáreas fueron calcinadas en España, de las cuales un 10 % correspondían a terreno cultivable. Este daño no solo afecta a la producción inmediata, sino que pone en peligro la continuidad de muchas explotaciones.
Las ayudas aprobadas suponen un mecanismo de amortiguación ante los efectos económicos del desastre. Permiten que los productores puedan reponer animales, restaurar instalaciones y planificar nuevas siembras. Además, al tratarse de ayudas de minimis, su tramitación será ágil y sin carga burocrática para el beneficiario.
En Castilla-La Mancha, donde el sector agrario es uno de los motores económicos fundamentales, el impacto positivo de estas medidas puede ser determinante. La comunidad cuenta con una gran diversidad de producciones —cereal, viñedo, olivar y ganadería extensiva— que sostienen miles de empleos directos e indirectos. Evitar el abandono de explotaciones y la despoblación rural es también una prioridad.
Una medida enmarcada en la política agraria común
Estas ayudas se enmarcan en la estrategia nacional vinculada a la Política Agraria Común (PAC), que busca compatibilizar la productividad con la sostenibilidad. Además de compensar los daños de los incendios, el Gobierno refuerza el sistema de seguros agrarios combinados, un instrumento clave para mitigar los efectos de riesgos climáticos.
El aumento del porcentaje subvencionable del seguro al 70 % demuestra el compromiso del Estado con la resiliencia del campo y con la protección de las explotaciones frente a fenómenos cada vez más extremos. Esta política refuerza la línea de trabajo del MAPA para dotar de estabilidad económica a los agricultores y ganaderos.
Compromiso con el futuro del campo
Las ayudas por incendios aprobadas por el Consejo de Ministros representan un gesto de compromiso con el campo español, especialmente con regiones rurales como Castilla-La Mancha, donde la agricultura y la ganadería son pilares de vida y desarrollo.
La rapidez en su concesión, su compatibilidad con otras líneas de apoyo y el refuerzo al sistema de seguros agrarios conforman un paquete integral de respuesta ante la crisis climática. Más allá de la compensación económica, estas medidas reafirman la necesidad de una política agraria moderna, eficiente y comprometida con el territorio.
Porque la actualidad agraria no solo se mide en cifras y hectáreas, sino en la capacidad de un país para proteger a quienes alimentan su futuro.
